El acceso a internet no se limita a disponer de conectividad. Este es uno de los principios de la iniciativa Atalaya Sur (Proyecto Comunidad), que lanzó en los primeros días de 2017 la red social Chaski en La Quiaca y desde 2014 lleva adelante una red comunitaria de WiFi en la Villa 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son experiencias de redes comunitarias para impulsar la apropiación popular de la tecnología, con una mirada que reivindica la comunicación como derecho humano.

Luego de transcurridas dos décadas de la expansión masiva y comercial de internet, las quejas por la baja velocidad de la conexión, los altos costos o la mala calidad del servicio que hacen amenazar a un usuario con cambiarse de compañía —cuando tiene la opción de elegir más allá de un único proveedor— son problemáticas de unos pocos habitantes de los grandes centros urbanos del país (y del mundo). Mientras que para una parte de la población internet es un insumo básico para trabajar, estudiar, comunicarse, hacer trámites, operaciones comerciales e incluso realizar la mayor parte de sus consumos culturales, el 53% de los habitantes del mundo carece de acceso, según la Organización de las Naciones Unidas (ver recuadro).

Esta desigualdad es una realidad también en la Argentina, tanto en la Villa 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) —donde prestan servicio empresas piratas privadas, a precio y calidad dudosos— como a 1800 km de distancia, en la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde los servicios son caros y deficientes. Eso mismo sucede en muchas otras localidades del país.

En este contexto, y como parte de la organización social Proyecto Comunidad (http://www.proyectocomunidad.com), surgió la iniciativa comunitaria Atalaya Sur que desarrolla tres líneas principales de trabajo: luchar por el derecho a la conectividad de las poblaciones que actualmente no acceden a internet o lo hacen de forma restringida; democratizar la producción de contenidos y discursos en la web; desplegar vocaciones tecnológicas a través de cursos y talleres vinculados a la programación, robótica y telecomunicaciones.

Los orígenes: Villa 20

La primera experiencia del proyecto tuvo lugar en la Villa 20 de la CABA, con el objetivo de llevar conectividad a los hogares de forma gratuita y solidaria. Allí se desarrolló una red de WiFi comunitaria mediante un proceso participativo y colaborativo, que incluyó un estudio de prefactibilidad para el diseño de una estrategia (realizado junto a la Universidad Tecnológica Nacional). La solución técnica elegida combina fibra óptica y radiofrecuencia; luego de una prueba piloto con 10 familias, se logró extender la cobertura a las principales calles del asentamiento, en el que viven unas 30 000 personas. Además de la puesta en funcionamiento de la red, se dictan talleres de robótica educativa y aplicada en el centro comunitario de Villa 20 y otros de la zona sur de la Ciudad. Estas acciones se complementan con una plataforma virtual, lanzada a fines de 2016, con el objetivo de promover la participación de los vecinos y vecinas en la construcción de un espacio público en el barrio para la circulación de información, opiniones y contenidos culturales (http://www.villa20.org.ar).

El trabajo de Proyecto Comunidad en Villa 20 es anterior y tiene continuidad, con especial foco en los sectores más humildes con necesidades muy urgentes: una merienda, asistencia profesional o vivienda. Sin embargo, Atalaya Sur surgió porque en la villa también había un sector con otras expectativas, con quienes nadie estaba trabajando: “La propuesta fue incorporar compañeros con perfil técnico y vocación tecnológica de la villa y ahí se fue enriqueciendo mucho el grupo de trabajo”, explica Diego Murrone, referente de Proyecto Comunidad. Ellos son los técnicos que actualmente generan las instalaciones de conectividad en La Quiaca y monitorean el armado de software y desarrollo de dispositivos de comunicación de la red social Chaski.

De Lugano a La Quiaca

A partir de los talleres de robótica en la Villa 20, una escuela de frontera de La Quiaca, Jujuy, contactó a Atalaya Sur para compartir esa experiencia. Ante la dificultad de la comunicación virtual —por la falta de conectividad, justamente—, un grupo viajó hasta allí para realizar un taller y llevar algunos robots. Volvieron preocupados por las limitaciones que implicaba desarrollar robótica sin internet, ya que se pierde la posibilidad de compartir esa experiencia en foros e intercambiar conocimientos, por ejemplo, además de las claras limitaciones generales para la comunicación y el acceso al conocimiento de la zona.

En el norte del país, una de las problemáticas es la necesidad de servicios mayoristas de telecomunicaciones, por el momento congelados por la falta de inversión privada en el despliegue de infraestructura y la esperada iluminación y puesta en servicio de la red de fibra óptica de la empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT: esto lleva a que una conexión de 512 Kbps tenga un costo promedio de 800 pesos mensuales en la actualidad en La Quiaca. “Empezamos a pensar de qué manera Atalaya Sur podía generar un abordaje territorial ahí en función de lo que eran las necesidades que planteaba la gente de no tener conectividad o ser muy cara y muy mala”, recuerda Diego Murrone. Así se creó la red social Chaski, una propuesta social y tecnológica en función de las características de La Quiaca, diferentes en varios aspectos a las de Villa 20.

La red social Chaski es una intranet comunitaria basada en plataformas de software libre que permite a los usuarios generar y compartir contenidos propios. El objetivo es desarrollar, mediante las herramientas disponibles, un medio de comunicación local con una fuerte impronta educativa, tecnológica y cultural. Para ello cuenta con servicios gratuitos de mensajería, videoteca, biblioteca y el canal Chaskitube, entre otros. El actor clave local en este proceso es el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos IDEAR – La Quiaca, en el que se ubica el nodo y los servidores de la red. La comunidad se involucró en la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones (radioenlaces) a través de las diversas instituciones locales: sindicatos, centros de estudiantes, escuelas, iglesia y cooperativas.

Lo que cruza a ambos proyectos es la apropiación popular de la tecnología: “El acceso en sí mismo no es suficiente, sobre todo porque se ubica a los usuarios exclusivamente como consumidores; es necesario disputar a las lógicas del mero consumo y construir otras distintas basadas en la participación y comunicación democrática”, detalla Laura Figueiredo, referente de Atalaya Sur. Estas iniciativas buscan no sólo garantizar la conectividad, sino propiciar espacios públicos en las comunidades, promover a los usuarios como generadores de contenidos y, al mismo tiempo, propulsar vocaciones tecnológicas y desarrollar capacidades técnicas a nivel territorial y comunitario.

En el caso de La Quiaca, se pone en juego, a su vez, una experiencia de organización de los usuarios antes de la llegada de los servicios de banda ancha, para que “la tecnología sirva como reafirmación cultural y no como barrido cultural, que permita potenciar lazos comunitarios reales y muy fuertes que existen y no para sustituirlos por una comunidad virtual insustancial desde el punto de vista de las raíces sociales”, analiza Diego Murrone. Por esta razón, la red social Chaski es bilingüe, como propuesta de los vecinos y vecinas de La Quiaca, ya que se proyecta llegar a toda la Puna, donde muchas comunidades son de habla quechua. Estas son algunas de las características que diferencian estos proyectos de otros como Free Basics de Facebook, Loon de Google o Mawingu de Microsoft, cuestionados porque su finalidad parece estar focalizada en sumar nuevos consumidores para acrecentar su lugar en el concentrado mercado de internet de estos grandes jugadores, más que en atender a las necesidades y potencialidades de aquellos aún no conectados.

El acceso a internet como derecho humano

Los organismos internacionales de derechos humanos han establecido una serie de principios generales y específicos sobre la libertad de expresión e internet, entre los cuales se destaca el de acceso. Además de garantizar la conectividad (a partir del despliegue de infraestructura y la prestación de servicios asequibles y de calidad) se presenta otro gran desafío: la eliminación de barreras para el uso y apropiación de internet, a través del desarrollo de capacidades y habilidades sociales y psicológicas. De lo contrario, si sólo se garantiza el acceso físico o material a dispositivos y conectividad, permanecerán intactas las inequidades preexistentes entre sectores urbanos y rurales de la población, entre distintos grupos etarios o por razones de género. Algunos países como Estonia, Francia, Costa Rica, Finlandia y, recientemente, Canadá, han reconocido el acceso a internet como derecho fundamental.
Los desafíos de las redes comunitarias

Entre los principales desafíos para promover el acceso a internet, en un sentido amplio, figuran ampliar los tendidos y servicios de conectividad a aquellas localidades que no han sido de interés comercial para el mercado e impulsar el uso y apropiación por parte de los usuarios. Para ello es fundamental reconocerlos como sujetos de derechos y trabajar desde los territorios y las comunidades. En este aspecto es importante el rol articulador del Estado para desarrollar políticas públicas inclusivas y promover también a las cooperativas y las organizaciones sociales y comunitarias como actores fundamentales en el sector de las telecomunicaciones.

En relación con los pasos a seguir, Laura Figueiredo propone dos puntos principales: “Por un lado, se han realizado inversiones públicas —en referencia a la red de fibra óptica de ARSAT— que deben estar al servicio de los pueblos y no de las grandes empresas, entonces las cooperativas de telecomunicaciones de cada territorio son actores centrales para garantizar la última milla y, por otro lado, es necesario promover la producción de contenidos y nuevos discursos en cada comunidad, para viabilizar la creación local”.

El mapa y los números de la brecha digital

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, presentados en el último Foro para la Gobernanza de Internet realizado en diciembre de 2016 en Guadalajara, México, el 53% de la población mundial carece de acceso a internet. Sin embargo, la famosa “brecha digital” es más pronunciada en algunos lugares que en otros: en África, el 75% de sus habitantes no tiene acceso a internet, mientras que en Europa esa cifra desciende al 21%. Las desigualdades preexistentes entre países y hacia dentro de sus sociedades en aspectos tales como educación, salud, capital y trabajo se replican al momento de analizar la inclusión digital.

La Argentina también presenta grandes diferencias dentro de su geografía: según un informe de mercado publicado por el Ente Nacional de Comunicaciones, la tasa de penetración media nacional en el acceso a internet fija es del 16,31%; sin embargo, ese indicador sube al 35,22% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que provincias como Jujuy alcanzan apenas el 5,81%, a partir de los datos que corresponden al primer semestre de 2016. Si se tiene en cuenta el total de accesos a internet fija en el mismo período, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reúnen casi el 80% del total del país, lo que se condice (y profundiza aún más) con la concentración de la población y el PBI en esas jurisdicciones.
Estas experiencias tienen pocos precedentes, en particular en el campo de las telecomunicaciones, y abordan tanto la indagación técnica como la perspectiva social al momento de pensar la relación entre tecnología e inclusión en cada comunidad. El rumbo parece estar claro, advierte Diego Murrone: “Consideramos que los sectores populares organizados políticamente tienen que dar la pelea por la apropiación de la tecnología porque hoy la tecnología es el motor que mueve tanto lo material como lo simbólico del mundo”.

Por Mariela Baladrón – Revista Fibra

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