ras la semana del duro golpe económico que sufrió el Gobierno y que terminó eyectándolo hacia Washington para buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quedó determinado, como hoy asumió elípticamente Mauricio Macri, que el “Plan B” ya no existe y que el nuevo camino es el Plan C. Es decir, el que se sostiene a partir del adelantamiento de fondos y modificaciones en las condiciones por parte del FMI y un mayor ajuste en los números proyectados para la economía nacional del año próximo.

Es por esto último que a pesar de que esta semana se resolvió de forma estable en lo que hace al mercado cambiario, la tensión política perdura pero focalizada en la tensa discusión entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales en torno a gestos, guiños y palazos en las negociaciones para que Macri obtenga los números para su Presupuesto 2019 y la deseada foto triunfal junto a los gobernadores. ¿Qué quiere Macri? El objetivo inmediato de la administración Cambiemos es lograr el martes un consenso que les permita enviar el proyecto antes del 15 de septiembre, tal como indica la ley. Hoy desde Mendoza, fue ése el mensaje que transmitieron el jefe de Estado y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el marco de una reunión del G20 y con un gobernador a su lado. Pero uno oficialista, como el radical Alfredo Cornejo

No obstante los mandatarios provinciales que están dentro de Cambiemos, entre los opositores, todos peronistas o variantes locales, se diferencian los más rudos a la hora de rechazar el ajuste y aquellos que tienen una mayor voluntad de diálogo con el gobierno nacional. En este último grupo, que suele ser llamado “dialoguista” o “racional” por el macrismo, envían señales que alegran a Macri pero también ponen algunos paños fríos.

Según El Cronista, buscan “apoyar y ayudar responsablemente”, aunque advierten: “Nosotros no cogobernamos, gobierna el presidente Macri, pero somos responsables y nuestro ánimo es apoyar en aquellas cuestiones que permitan que a la Argentina le vaya bien”.

Distinta es la postura de uno de los peronistas más cercanos al oficialismo, como Juan Manuel Urtubey, el mandatario salteño. Estuvo en la provincia de Chubut con el gobernador Mariano Arcioni, donde aprovechó para enviarle un guiño al Gobierno respecto a llegar a un acuerdo para la ley de Presupuesto del año que viene.

“Tenemos que ponernos a trabajar todos, responsablemente, para salir adelante”, dijo Urtubey, y agregó, en claro gesto de qué ordenará a los legisladores que le responden, que “negar la Ley de Presupuesto al Gobierno es un acto de irresponsabilidad institucional”.

El salteño también criticó al Ejecutivo porque “hay mucha imprevisión y cambio de reglas” y adelantó que plantearán “la restauración del decreto 814 con las distintas zonificaciones con distintos parámetros y vamos a ver si tenemos consenso para lograrlo”.

La postura contraria viene teniendo entre sus filas al puntano Alberto Rodríguez Sáa, el pampeano Carlos Verna -ahora con su rol en duda por la enfermedad que pacede- y el tucumano Juan Manzur, entre otros. Sin embargo, quien hoy se mostró durísimo contra el Gobierno y la posibilidad de aceptar recortes excesivos fue el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Santa Fe no va a ser socia del ajuste. Yo no quiero ser un socio del ajuste, porque además no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo queremos defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y no hacer el ajuste hacia los sectores sociales más vulnerables”, disparó el socialista, sin vueltas, que no irá el martes a la reunión con el Presidente en la Casa Rosada por un oportuno viaje a Estados Unidos.

Según pudo saber Política Argentina a través de fuentes de la Provincia y sugirió el propio gobernador como cuando el Twitter liquidó al referente PRO Luciano Laspina, el núcleo del enojo es el traspaso de los subsidios. Según los números que manejan, en Santa Fe hay 210 mil usuarios de energía eléctrica con tarifa social, subvencionada por Nación y, según lo que había anunciado por Nicolás Dujovne hace sólo dos días, dejarían de percibir el beneficio en busca del equilibrio fiscal.

Por esto, en un gesto para destrabar este escollo, que comparten otros mandatarios provinciales, y que Macri tenga su presupuesto de ajuste y su foto triunfal, el gobierno nacional suspendió el traspaso de la tarifa social de energía eléctrica a las provincias, que les implicaría un gasto de unos $15 mil millones por año.

Hacienda -y según versiones periodísticas con una no menor participación del ahora asesor Gustavo Lopetegui– anunció este viernes que deja sin efecto la resolución que dispuso el traspaso a las provincias de la responsabilidad de financiar, a partir de 2019, la tarifa social para el servicio eléctrico. Esa resolución se firmó el lunes y se publicó en el Boletín Oficial el miércoles, hace apenas dos días.

“En el marco de las conversaciones con las provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación”, informó la cartera en un comunicado.

Según dejó trascender el Ejecutivo a varios medios, todo es “en pos de llegar a buen puerto en la negociación con los gobernadores” por el Presupuesto 2019, en el que las Provincias deberán lidiar con un feroz ajuste del gasto público para eliminar el déficit primario.

Lo curioso y que exhibe la desprolijidad del Ejecutivo para la discusión, así como las fuertes necesidades políticas que padece, es que el secretario de Energía, Javier Iguacel, se había sumado ayer a las reuniones de Frigerio con los ministros de Economía para explicar este traspaso de los subsidios. Sólo 24 horas después dieron marcha atrás.

En medio de este (des)concierto y de cara a las propuestas del martes, los gobernadores peronistas reiteran: “No vamos a firmar a libro cerrado, queremos escuchar y opinar sobre cuestiones que impactan directamente sobre la vida del pueblo”.

Antes del encuentro con Macri, los peronistas se juntarán nuevamente en la sede del CFI. Según especulaciones, esta vez podrían ser de la partida Juan Schiaretti, de Córdoba, y Domingo Peppo, de Chaco, que no estuvieron presentes la última vez.

Fuente: politica argentina

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