En Bélgica ya dijeron que concederían su extradición.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó que se dicte la orden de detención del destituido titular del gobierno de Cataluña y cuatro de sus colaboradores. Los impulsores de la independencia catalana están en Bruselas y hoy debían declarar por “rebelión, sedición y malversación”. Habían pedido hacerlo por videoconferencia. La juez, en tanto, ya dictó la prisión preventiva para el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete ex asesores.

Mientras el ex líder catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica firme en su decisión de no presentarse a declarar en Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ya pidió al juez interviniente que emita una orden de detención contra él y los cuatro ex consejeros que no respondieron a su citación por los delitos vinculados a su plan soberanista. Esta medida incluiría también la potencial extradición del presidente de la Generalitat, que la Fiscalía federal belga ya dijo que acatará.

La juez Carmen Lamela, quien deberá determinar si emite la orden europea de detención. decretó esta mañana la prisión preventiva para el ex viceprensidente del la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Según fuentes jurídicas, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país.

Son horas decisivas para los impulsores del proyecto independentista de la región norteña, que hoy deberían haber declarado en una causa por “rebelión, sedición y malversación” después de que el presidente español Mariano Rajoy efectivizara la intervención en Cataluña. Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están desde el lunes en Bruselas y se negaron a comparecer ante la Audiencia Nacional de España.

Por esta razón y después de que se desestimara el pedido del abogado de Puigdemont para declarar vía teleconferencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió la detención por escrito de todos los funcionarios. “Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, argumentó en el documento, en el que asegura: “por lo tanto se solicita del Juzgado que ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”.

El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, explicó hoy que intentará evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea. Bekaert no ha aclarado aún si también representará al resto de los ex consejeros catalanes que abandonaron Cataluña y están con Puigdemont en la capital belga.

El ministro que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros, sería Santi Vila (Empresa y Conocimiento), que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la juez y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de España ordenó hoy la vigilancia policial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros diputados regionales hasta que declaren, el 9 de noviembre próximo, después de suspender las comparecencias, previstas para hoy y mañana, y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán. Los abogados alegaron que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales apenas les fueron notificadas este miércoles.

La decisión final sobre el destino de Puigdemont y del resto de los acusados estará a cargo de Lamela, quien podría tomarse un plazo de entre 10 y 60 días para comunicarla, dependiendo de si el afectado acepta o no su entrega en Bélgica. En caso de que se aplique la orden, se simplificará y acelerará la extradición de Puigdemont y de sus asesores gracias a que estos dos países son miembros de la Unión Europea (UE).

Las autoridades judiciales de Bélgica adelantaron que cooperarán de forma directa y no será necesario el proceso diplomático que tiene lugar en los casos de extradición tradicionales porque para las 32 categorías de delitos graves reconocidas por la UE, no se exige que el acto sea considerado delito en ambos países. El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de expedición.

Sería en Bégica entonces donde se dirima si los cinco ex miembros del Govern deben ingresar en prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.

Fuente : Pagina 12

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