La falta de urbanización no solo es la falta de acceso a una vivienda digna sino también a los servicios básicos necesarios, los cuales son un derecho para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los distintos asentamientos.

Esto conlleva una serie de situaciones muy difíciles de afrontar en la cotidianeidad, ya que la falta de asistencia del Estado lleva a los habitantes de estos asentamientos a construir sus viviendas como pueden y no como se debe según las normas de construcción establecidas.

Una consecuencia directa de esta situación son los reiterados incendios que se suceden en casas y casillas.

En la Villa 20 en el último año y medio hubo cuatro incendios en distintas manzanas debido a la situación de precariedad de las viviendas y a tendidos e instalaciones eléctricas deficientes.

Los escasos accesos al barrio, en su mayoría en muy malas condiciones, y la existencia de pasillos en los cuales no pueden ingresar automóviles agrava la situación al impedir la llegada a tiempo de los Bomberos. Frente a esta situación, son los vecinos quienes toman el rol de apagar el fuego poniendo en riesgo sus propias vidas.

El fuego cesa pero los problemas siguen ya que la asistencia por parte de las autoridades competentes es insuficiente. La ayuda a los damnificados se hace esperar y mucho, teniendo en cuenta que muchas de estas familias pierden absolutamente todo. En este caso, los encargados de brindar asistencia son el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) que se muestran ausentes y en ocasiones incompetentes frente a tamaña situación, alegando que “se están ocupando y que están encima del tema” las soluciones tardan y los vecinos no pueden adaptarse a los tiempos de los funcionarios.

Este fue el caso de Norma, una vecina de la manzana 30 cuya casa se incendió en junio del 2016 y que hasta ahora sólo ha recibido una asistencia básica que no ayudó a que su vida y la de sus tres niños celiacos volvieran a la normalidad.

Mientras los incendios se reiteran, los vecinos y vecinas siguen siendo espectadores y víctimas de la inacción del Estado que debe garantizar el inicio de las obras para la urbanización que vienen prometiendo desde abril del 2016 pero que ya se viene arrastrando desde hace más de diez años a partir de la sanción de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20, sancionada en 2005, y reformulada en 2016 (Ley 5705). Tampoco se han lleva a cabo las obras de emergencia a las que se comprometió el IVC para palear los casos más urgentes tales como tendido e instalación en malas condiciones  que ponen en riesgo inminente a los habitantes de las viviendas o alrededores o la reparación de caños de agua o cloaca mal instalados que afectan directamente a la salud.  Sea por falta de voluntad política o por los tiempos de los funcionarios que corren a paso de tortuga  las obras se hacen esperar.

La ley existe y hay que cumplirla. La vivienda digna es un derecho y el Estado debe garantizarla.

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