Guillermo Lasso lleva sólo cinco meses en el gobierno de Ecuador y ya enfrenta una crisis de importantes dimensiones. Los problemas se acumulan: protestas contra medidas consideradas impopulares, minoría parlamentaria, motines carcelarios y los Pandora Papers son algunos de los dilemas surgidos en el último tiempo.

Pero vamos por partes. Lo primero que hay que decir de Lasso es que dilapidó muy rápido su capital político. Tras el triunfo en el balotaje contra el correísta Andrés Arauz, el exbanquero construyó una alianza con el Movimiento Pachacutik y la Izquierda Democrática que habían salido tercero y cuarto en la primera vuelta.

Con estos acuerdos, sumado a la derecha tradicional del Partido Social Cristiano, el oficialismo contaba con una base parlamentaria para hacer frente a la primera minoría opositora expresada por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.

Sin embargo, todo eso murió antes de nacer. La designación de autoridades rompió la alianza con el PSC y el inicio del gobierno alejó a las otras dos fuerzas que terminaron ubicándose en la oposición.

De esta manera, Lasso sólo cuenta con 25 asambleístas de 137 que le impide avanzar en un proyecto clave para su gestión, la ley de Creación de Oportunidades que propone reformas a tres niveles: tributario, laboral y de inversión.

El plan es siempre el mismo: flexibilizar el mercado laboral, alentar privatización y bajar la presión impositiva a los grandes empresarios. El poder legislativo se transformó en el principal escenario de disputa de Ecuador, no sólo por esta ley que el gobierno no puede aprobar sino también porque será el territorio de investigación sobre la culpabilidad de Lasso en los Pandora Papers que, de acuerdo a la información revelada, tiene 14 cuentas offshore.

En Ecuador no es sólo un tema ético sino que implica un delito desde 2017 cuando se realizó una consulta popular. Las consecuencias de esto es la pérdida del cargo.

Las herramientas que tiene a mano el jefe de estado es la muerte cruzada. ¿De qué se trata? Es una facultad constitucional que el presidente puede utilizar en situaciones de crisis. De aplicarse, se cierra el Congreso para volver a convocar a elecciones. Este recurso también puede ser usado por la oposición si llega al número correspondiente.

Lasso militarizó la seguridad y decretó el estado de excepción para luchar contra el narcotráfico y eso podría generar las condiciones para aplicar la muerte cruzada, además del rechazo de la oposición a ley de “creación de oportunidades”, y que el propio presidente dijo estar bajo “una conspiración tripartita entre el correísmo, el movimiento indígena y el Partido Social Cristiano”.

Esto nos lleva al terreno social. En cinco meses, Lasso tuvo su primera huelga general y una masiva marcha convocada por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas.

El motivo fue y sigue siendo el aumento del combustible y la intención de aplicar una reforma laboral.  Condiciones muy parecidas a las que enciendieron la llama del estallido social de octubre de 2019.

A esta panorama complejo hay que sumarle una caída de la imagen positiva que pasó de 61,8 a 42,3 y un rechazo que ya supera el 50 por ciento. Una tensión demasiado alta para un gobierno que recién comienza.

Las próximas semanas serán determinantes para saber si Lasso se abrazará a la idea de un país en conmoción para hacer uso de sus facultades constitucionales para plebiscitarse o si es otro jefe de estado que no puede hacer frente a las complejidades de un país que parece volver a calentar las calles.

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