El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) efectuó decenas de entrevistas, accedió a testimonios, informes y comprobó in situ denuncias y evidencias, pudo corroborar las acciones delictivas y criminales mediante las que la derecha boliviana
se consolidó de manera ilegal e ilegítima en el poder, para lo cual no reparó en ordenar al aparato represivo del Estado que dispare contra la población. Para la realización de algunas de las pericias que contiene el informe, el GIEI convocó al Equipo Argentino de Antropoligía Forense y a la organización Justice Rapid Response.

Ante las contundentes evidencias, los especialistas instan a profundizar las indagaciones y procesamientos judiciales a fin de dar con todos los responsables –muchos de ellos identificados plenamente en el documento– y sancionarlos debidamente.

“Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”, establece el documento que agrega que “se comprobó que hubo ejecuciones
sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal. También es crucial la certeza a la que arribaron los investigadores de que se manipuló y mintió con fines de exacerbar los ánimos de la población para que tolere la extrema violencia y la interrupción del orden constitucional y democrático: la masacre de Senkata, con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto.

En ese sentido, “la investigación –señala el informe– demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló
material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas”.

El rol de los uniformados y los grupos irregulares

En una sección importante del texto, el GIEI detalla el rol de las FFAA, la Policía y los grupos irregulares que incidieron decisivamente en la violencia extrema y el caos social. “La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional”, se lee en una parte del trabajo, que también menciona a los “grupos de
choque (RJC y UJC) que asumieron tareas ‘parapoliciales’ durante el motín policial [y que] protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía”.

Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, firman el documento que en otra parte sustancial da cuenta de la exacerbación de actitudes racistas y discriminatorias en diversos niveles.

“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados” establecen los peritos, y añaden que “los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina”.

Finalmente, se detalla diversos hechos de discriminación y segregación cultural, religiosa y social: “el uso de la biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugó un papel relevante para justificar la ‘causa divina’ de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista”.

Hay dos situaciones concretas de extrema gravedad, dentro de este apartado: que se constató “tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro”, y sobre todo, la violencia sexual y de género: “se
constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género; mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también
violencia obstétrica”.

Fuente: Grupo de Antropología Forense

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