El dirigente de los familiares de las víctimas de la masacre de “octubre negro” (2003), José Quispe, aseguró ayer que no descansarán hasta que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por genocidio y refugiado en Estados Unidos, sea juzgado y sentenciado por las muertes de al menos 60 personas y más de 400 heridos.

“El mensaje es que no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando para encontrar justicia, queremos que Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín sean juzgados y llevados a la cárcel”, remarcó en una entrevista con los medios estatales.

Precisó que los familiares de las víctimas de ese hecho tienen la firme esperanza de que la justicia “tarda, pero llega”.

Dijo que los familiares de las víctimas de esa masacre están unidos y aclaró que las esposas e hijos seguirán clamando justicia. “Las familias se sienten con fuerza, si su esposa de la víctima ha fallecido, los hijos están continuando, en mi caso mi papá estaba dando fuerza y ahora yo estoy aquí, nuestras próximas generaciones seguirán con esta lucha”, sentenció.

El abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, dijo que es una contradicción cuando Estados Unidos dice ser el paladín en la defensa de los derechos humanos, pero no deja enjuiciar al expresidente Sánchez de Lozada.

Mayta dijo que no hay justicia porque Estados Unidos protege a Sánchez de Lozada y otros acusados de la muerte de al menos 60 personas en octubre de 2003. Puntualizó que el juicio no avanzó por esa razón y no por falta de argumentos jurídicos.

En ese contexto, pidió que continúen las gestiones a través de la Cancillería para lograr la extradición.

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